EL ABORTO INDUCIDO: UN DERECHO HUMANO
La decisión de la Cámara de Diputados de Chile de declarar inadmisible el proyecto de ley impulsado por los diputados Marco Enríquez-Ominami y René Alinco, que despenaliza el aborto inducido hasta la 12ª semana de gestación, y posteriormente según causales, no hace sino revelar la incapacidad de esta democracia para abordar con honestidad problemáticas de histórica presencia en Chile cual es el aborto inducido, principal causa de muerte materna. Al mismo tiempo, es contraria al espíritu de instrumentos jurídicos internacionales que protegen la vida y salud de las mujeres, los que el Estado chileno ha ratificado.
Más del 65% de la población mundial vive en países donde el aborto se permite sin restricción por razones socioeconómicas, para salvar la vida y salud de la mujer, por violación e incesto, o cuando el feto tiene anomalías gravísimas incompatibles con la vida. Escasos países lo consideran ilegal bajo cualquier circunstancia. Chile es uno de ellos. Sin embargo, los países que han legalizado el aborto inducido y al mismo tiempo ofrecen educación sexual y servicios de regulación de la fecundidad accesibles, apropiados culturalmente, asequibles y entregados en un contexto de respeto y confidencialidad, muestran un descenso significativo en el número de abortos.
En Chile las leyes punitivas, el maltrato que reciben las mujeres con complicaciones de aborto, las delaciones por parte del mismo personal de salud y su posterior encarcelamiento, no han logrado disuadir a las mujeres que optan por interrumpir voluntariamente un embarazo no deseado o inoportuno. Por el contrario, se estima que uno de cada tres embarazos termina en aborto, con un total aproximado de 160 mil abortos inducidos cada año, cifra que incluso puede ser mayor.
Abortan mujeres pobres y acomodadas, adultas y adolescentes, mujeres con estudios y con escasa escolaridad, mujeres que profesan una religión y no creyentes. Pero son las más pobres las que arriesgan sus vidas en procedimientos insalubres y peligrosos, y pueden ser encarceladas. El aborto de las mujeres con mayores recursos, en cambio, no es objeto de juicio o condena pública.
La propuesta de ley de los diputados Alinco y Enríquez-Ominami, por lo tanto, constituye un intento por abordar y ofrecer respuestas frente a este grave problema de salud pública, de derechos humanos y de justicia social. La inadmisibilidad, aprobada por parlamentarios y parlamentarias de diversas tendencias políticas, incluso aquellas que se dicen progresistas y laicas, es una muestra de intolerancia y fundamentalismo que atenta contra la vida y salud de las mujeres, y las desconoce en su calidad de sujetas de derechos, con libertad y autonomía sobre su vida sexual y reproductiva.
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC
www.reddesalud.org
Más del 65% de la población mundial vive en países donde el aborto se permite sin restricción por razones socioeconómicas, para salvar la vida y salud de la mujer, por violación e incesto, o cuando el feto tiene anomalías gravísimas incompatibles con la vida. Escasos países lo consideran ilegal bajo cualquier circunstancia. Chile es uno de ellos. Sin embargo, los países que han legalizado el aborto inducido y al mismo tiempo ofrecen educación sexual y servicios de regulación de la fecundidad accesibles, apropiados culturalmente, asequibles y entregados en un contexto de respeto y confidencialidad, muestran un descenso significativo en el número de abortos.
En Chile las leyes punitivas, el maltrato que reciben las mujeres con complicaciones de aborto, las delaciones por parte del mismo personal de salud y su posterior encarcelamiento, no han logrado disuadir a las mujeres que optan por interrumpir voluntariamente un embarazo no deseado o inoportuno. Por el contrario, se estima que uno de cada tres embarazos termina en aborto, con un total aproximado de 160 mil abortos inducidos cada año, cifra que incluso puede ser mayor.
Abortan mujeres pobres y acomodadas, adultas y adolescentes, mujeres con estudios y con escasa escolaridad, mujeres que profesan una religión y no creyentes. Pero son las más pobres las que arriesgan sus vidas en procedimientos insalubres y peligrosos, y pueden ser encarceladas. El aborto de las mujeres con mayores recursos, en cambio, no es objeto de juicio o condena pública.
La propuesta de ley de los diputados Alinco y Enríquez-Ominami, por lo tanto, constituye un intento por abordar y ofrecer respuestas frente a este grave problema de salud pública, de derechos humanos y de justicia social. La inadmisibilidad, aprobada por parlamentarios y parlamentarias de diversas tendencias políticas, incluso aquellas que se dicen progresistas y laicas, es una muestra de intolerancia y fundamentalismo que atenta contra la vida y salud de las mujeres, y las desconoce en su calidad de sujetas de derechos, con libertad y autonomía sobre su vida sexual y reproductiva.
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC
www.reddesalud.org
1 Comments:
At 12:24 p. m.,
Anónimo said…
Creo que calificar de intolerante y fundamentalismo la respuesta de los parlamentarios frente a la ley propuesta es un tanto categórica. Pretender que la respuesta fuera diferente a la dada es bastante dificil, considerando que ni siquiera se ha abierto una ventana a la conversación sobre el aborto, y considerando además toda la problemática frente al tema de la píldora del día después. Creo que hay que ver con qué ánimo se ha propuesto esta ley y ver cuales son las consecuencias reales que trae en favor y desfavor a la discusión del tema. A mi me parece un tema más político que el velar por los derechos de la mujer.
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