ABORTO: ¿Denunciar o Callar?

EL DILEMA DE MÉDICOS Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES PÚBLICOS

Ermy Araya
La Nación

“¿No te gustó hacerlo?, ahora asume…”. La frase de un funcionario de salud resonó una y otra vez en la cabeza de Paola. A sus 23 años, no bastaba con haber tenido un hijo cuando aún era adolescente, que mantenía a duras penas trabajando como empleada en casas particulares. Otra vez encontraba el amor, otra vez se embarazaba pero otra vez quedaba sola. “No puedo tener otro niño”, se dijo.

No lo pensó dos veces. La salida era el aborto. Buscó ayuda en una amiga, quien le indicó lo que tenía que comprar: una sonda, algodón y alcohol. “Me puso la sonda y me dijo que tomara algo para la infección”. Pasó toda esa noche y parte de la mañana del otro día con el elemento entre sus piernas, hasta que la sangre la alertó que debía acudir a un médico.

Llegó casi inconsciente a una urgencia pública y a partir de ahí recuerda que todo fue como una pesadilla sin retorno. El médico de turno la denunció. Un carabinero estuvo parado fuera de su pieza los tres días que permaneció internada. Estuvo encarcelada dos meses y luego de dos años de investigación judicial, fue declarada culpable aunque pudo cumplir la condena en libertad.

“Estoy libre y ya han pasado cinco años de esa experiencia, pero vivo presa de los recuerdos”, titubea Paola.

Su caso no es el único. Dos mujeres internadas recientemente por complicaciones de abortos clandestinos, fueron denunciadas a la policía por los mismos directivos de los establecimientos.

Según aseguró la coordinadora nacional del Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, Rosa Espínola, -organismo que ayer realizó una manifestación en contra de esta práctica- se trata de los hospitales Luis Tisné y Padre Alberto Hurtado. En este último, la mujer afectada habría sufrido la extirpación del útero a raíz del aborto séptico.

¿Puede un médico convertirse en policía y juez? La ley de aborto en Chile es una de las más restrictivas del mundo, castigando a una mujer desde tres a cinco años de presidio.

Ello implica que el personal de salud también esta legalmente obligado a denunciar a las mujeres que han abortado.

Sin embargo, esto se contrapone con el Código de ética del Colegio Médico, que resguarda el derecho de la confidencialidad entre un médico y su paciente. El artículo 201 del Código de Procedimiento Penal establece que no están obligados a declarar “aquellas personas, que por su estado, profesión o función legal como abogado, el médico o confesor, tienen el derecho a guardar el secreto que se les haya confiado”.

Una decisión no fortuita

Para la abogada Lidia Casas, autora del libro “Mujeres procesadas por aborto”, no todos los hospitales responden de la misma forma ante un ingreso de aborto aunque existe una notoria propensión a la denuncia en algunos recintos.

La jurista advierte que la mayoría de las causas por aborto se encuentran concentradas en el sector nor-poniente de la capital, que incluyen a las comunas de Estación Central, Quinta Normal, Lo Prado, Pudahuel y Cerro Navia. “Al revisar el origen de las denuncias, el 45% se concentra en los hospitales San Juan de Dios y Félix Bulnes”, dijo Casas.

En la práctica, los criterios que utilizan los médicos y el personal de salud para notificar un caso, no siguen un patrón claro.

“La decisión queda al arbitrio de cada médico o funcionario y muchas veces puede primar su propia postura frente al aborto. El problema es que las mujeres, por miedo a ser acusadas, postergan su ida al hospital”, agregó Espínola.

De acuerdo con la investigación realizada por Casas, la intervención de los servicios de salud no es fortuita. Ejemplos hay muchos. En los expedientes y sentencias judiciales que aparecen en el libro, se da cuenta cómo los recintos asistenciales llaman al carabinero de turno, o bien, el jefe de la sección de maternidad envía oficios al tribunal con una nómina de las mujeres con aborto séptico.

Incluso existen casos en que el profesional médico efectúa llamadas telefónicas a la policía, anunciando el ingreso a la sección de una mujer con síntoma de aborto inducido.

Pese a esto, el presidente del Regional Santiago del Colegio Médico, Jorge Tisné, afirmó que en la gran mayoría de los casos, los facultativos no denuncian por “una actitud humanitaria… yo mismo he atendido niñitas con jumper que hay que prácticamente sacarles el útero, pero como son de escasos de recursos hay que tener caridad con ellas”.

De todas maneras, las especialistas coinciden en que existe una contradicción ética y legal que hasta el día de hoy no ha sido resuelta en nuestro país.

“La futura ley sobre deberes y derechos de los pacientes podrá resguardar aún más el tema de la reserva de información entre médico y paciente y mantener la confidencialidad de la ficha clínica”, concluyó Casas.


El perfil de las condenadas

Según el libro “Encarceladas: leyes contra el aborto en Chile”, realizado por el Foro-Red de salud y derechos sexuales y reproductivos, la mayoría de los procesos penales contra mujeres que han abortado fueron iniciados por denuncias interpuestas por hospitales públicos. Además sólo el 38% de las mujeres tuvieron un abogado en alguna etapa del juicio, mientras que el 60% ni siquiera tuvo a uo.

Se estima que más de 67 mil mujeres fueron atendidas por complicaciones de aborto en el sistema público entre los años 2002 y 2004.

El perfil de las mujeres procesadas es claro. El 61% tenía entre 18 y 29 años, mientras que el 26% está entre los 30 y 41 años. Sólo el 8% era menor de edad. Cerca del 49% de las que abortaron no tenía pareja. Además el 60% tendía uno o dos hijos al momento del aborto. En general la mayoría de las acusadas tenía un nivel educacional bajo: el 21% no había terminado la educación básica y el 21% sólo sabía “leer y escribir”.