RECHAZO CIUDADANO ANTE DENUNCIAS DE HOSPITALES CONTRA MUJERES QUE ABORTAN

En Chile el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia. Las estimaciones sobre el número de abortos reconocen 160 mil casos anuales, es decir, uno de cada tres embarazos termina en aborto. Asimismo, unas 30.000 mujeres requieren hospitalización producto de complicaciones derivadas de abortos inseguros.

Esta realidad da cuenta de un grave problema de salud pública, pero también de derechos humanos y de justicia social, por cuanto las posibilidades de recibir servicios de aborto de buena calidad y realizados por personal calificado están directamente relacionadas con los recursos económicos con que cuentan las mujeres y con su acceso a la información oportuna sobre dichos servicios. Son las jóvenes y las mujeres pobres quienes tienen mayores dificultades para acceder a procedimientos seguros, y asimismo son ellas quienes frecuentemente son denunciadas por el mismo personal de salud, en especial médicos y directivos de hospitales públicos, y castigadas con un trato denigrante y vejatorio.

Una prueba de esto ha sido la denuncia realizada hace unas semanas en la Maternidad Luis Tisné en contra de una muchacha quien se practicó un aborto, y en esta semana en el Hospital Padre Hurtado, donde la afectada habría sufrido además la extirpación de su útero.

Las leyes que castigan el aborto violan los derechos humanos de las mujeres, en especial su derecho a la igualdad, a la vida, a la salud, a la integridad física y síquica, a la libertad, a la maternidad voluntaria, y a no ser torturadas ni sufrir tratos crueles, inhumanos ni degradantes. Al permitir que persista esta penalización, el Estado chileno está incumpliendo con sus compromisos internacionales en torno a avanzar hacia un trato humanitario de las mujeres que abortan y revisar las leyes punitivas sobre el aborto.

Por lo tanto, el movimiento por la salud de las mujeres exhorta al actual gobierno a hacerse cargo de esta demanda ciudadana que exige el aborto seguro, legal y gratuito como un derecho de todas las mujeres, al igual que una educación sexual integral y acceso universal a métodos anticonceptivos modernos y eficaces que prevengan la recurrencia al aborto.

Santiago, 13 de abril, 2006.
Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos